Esta semana, el portal contralacorrupcion.mx publicó el artículo Corrupción por Imitación, el cual concluye que los ciudadanos se corrompen fácilmente al tener gobernantes o políticos corruptos, de igual forma, los hace estudiantes al ver el mismo patrón.
El artículo fue escrito por Nicolás Ajzenman, profesor asistente en la Escuela de Economía de Sao Paulo e investigador afiliado del Instituto de Economía del trabajo y tomando como referencia a Alexis de Tocqueville, pensador, jurista, político e historiador francés, precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo.
En el también análisis, el profesor Aizenman, destaca que el valor cívico por excelencia, es la honestidad, que la honestidad de los ciudadanos no es solamente importante en sí misma, que es una norma que sirve para facilitar la cooperación impersonal y, por lo tanto, los intercambios mutuamente beneficiosos entre individuos.
Afirma que la honestidad nos sirve para resolver los problemas de acción colectiva característicos de la vida en sociedad y que cuando nos comportamos de forma deshonesta, que evadimos impuestos o no pagamos la tarifa del metro, estamos afectando el bienestar de otros ciudadanos y más generalmente, el bienestar general.
Afirma que en México, las normas sociales vinculadas a la honestidad están deterioradas y que según la última edición de la World Values Survey, solo un cuarto de la población mexicana considera que “nunca es justificable” pedir un beneficio social al gobierno cuando al ciudadano no le corresponde: un acto de completa deshonestidad.
Señala que a hipótesis de la corrupción por imitación, que parece muy razonable e intuitiva porque muchas veces las señales sobre las normas sociales que perciben los ciudadanos son confusas, ya que los líderes prominentes (aquellos que son más visibles que el resto) con su comportamiento nos dan una idea sobre qué es lo socialmente aceptado (es decir, sobre cuál es “la norma social”) y que no.
La corrupción, afirma, es aprender con el mal ejemplo, porque si vemos al presidente municipal que ha estado varias veces preso por corrupción, entonces las auditorías de gasto de su gobierno actual y mostrarán que ha desviado 80% de los fondos hacia actividades no contempladas por la ley, una forma de que los ciudadanos hagan lo mismo en la vida diaria.
Por lo tanto, la corrupción tiene un efecto multiplicador, así que el comportamiento de los líderes importa, pero importa en un sentido que excede lo meramente transaccional, ya que si buenos lideran con el ejemplo inducirán cambios de comportamiento entre los individuos y, más importante aún, terminan dándole forma a sus valores y sus creencias que, en última instancia, forman la cultura cívica de una sociedad.
La transparencia, evaluar gobiernos que cumplan con políticas anticorrupción, forma parte de la estructura de trabajo del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, motivo por el cual este tipo de investigaciones entran en el esquema de trabajo diario.
Si quieres conocer más sobre el artículo accede aquí:
Esta semana y como cada año, World Justice Project (WJP) dio a conocer el Estado Derecho 2020-2021, el cual reveló que México tuvo un retroceso debido a que detectó un “debilitamiento” de los contrapesos y la libertad de prensa.
Informó que nuestro país obtuvo una calificación de 0.40, en una escala que va de 0 a 1 y en la que 1 significa la mayor adherencia al Estado de Derecho, el dato supone un retroceso respecto a la calificación de 0.45 que tuvimos en las dos anteriores ediciones del estudio, elaboradas en 2018 y 2019.
“Los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales”, dijo Leslie Solís, investigadora principal del proyecto, durante la presentación del informe.
El índice presenta calificaciones para cada uno de los 32 estados del país a partir de una encuesta a 25 mil 600 personas y una consulta con 2 mil 300 especialistas, donde Coahuila obtuvo uno de los puntajes altos (0.45), por debajo de Yucatán (0,47) Campeche (0.44), mientras que los puntajes más bajos están en Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35) y Morelos (0.36).
En el ejercicio se mide el desempeño de los países utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal.
El informe detectó un “continuo debilitamiento de libertad de prensa y una contracción del espacio cívico”, con caídas en los índices de 16 estados y en la presentación participó el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien defendió la importancia de los contrapesos y de los organismos autónomos para dar “fortaleza y eficiencia al Estado de derecho”.
“A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal por tercera ocasión”, señaló el informe.
El Estado de Derecho, la protección de garantías individuales, así como la libertad de prensa y tener una mejor sociedad, son par te de los objetivos del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, motivo por el cual, los informes de WJP, son necesarios para ubicarnos y tener elementos para trabajar.
Luego de que se llevó a cabo en Saltillo la campaña de vacunación contra e Covid-19 para personas mayores de 60 años, y en la que el Consejo Cívico de Instituciones solicitó la ayuda de voluntarios, estos fueron reconocidos.
En total fueron 229 voluntarios de cinco universidades quienes laboraron en los cinco centros de vacunación que se instalaron en Saltillo y que día a día estuvieron trabajando en la logística de la campaña donde se aplicaron más de 65 mil dosis.la
Participaron la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Universidad Autónoma del Noroeste (UANE), la Universidad Carolina y la Universidad del Valle de México (UVM), todas forman parte del Consejo Cívico.
También participaron organizaciones como Unidos por una Sociedad Responsable, Mujeres Empresarias de Coparmex Coahuila, Damas Voluntarias de la Cruz Roja y miembros de CANACINTRA Saltillo, quienes dieron ejemplo de lo que se logra con la participación ciudadana.
Desde su creación, uno de los pilares en el Consejo Cívico es promover la participación ciudadana y la campaña de vacunación es una forma de dar ejemplo de que Juntos Somos Parte de la Solución.
A pesar de la pandemia por Covid-19, los cursos de CreActivate 2020-2021, financiados por Fundación Merced Coahuila, han contribuido para que 52 participantes cuenten con un proceso de crecimiento individual.
Las mujeres víctimas de violencia o en su caso, una población en situación de vulnerabilidad en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, ello a través del fortalecimiento de habilidades tecnológicas, de emprendimiento, liderazgo, y empoderamiento de acuerdo a la metodología del programa.
Actualmente se desarrolla el nivel II, “Modelo de Servicios” el cual concluirá en el próximo mes de mayo, con el objetivo realizar una serie de videos para ayudar a posicionar las marcas de cada participante y dar mayor visibilidad a los productos.
Cabe destacar que de octubre a enero 2021 se han graduado 52 mujeres y se han registrado 44 productos en la plataforma https://www.creactivate.org/ la cual es para que se den a conocer y se comercialicen.
Para el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila es importante apoyar a mujeres y hombres en situación de violencia y Creactivate es una plataforma que ayuda a cumplir dichos objetivos transversales.
El Centro de Integración Ciudadana (CIC), cerró el mes de marzo con un total de 1,070 reportes canalizados, aproximadamente 30% fueron de Servicios Públicos.
Desde que inició la pandemia ciudadanos reportan situaciones de emergencia como no respetar la sana distancia, no traer cubrebocas, choferes, tiendas y reuniones que no respetan los protocolos de Covid19, todos quedan clasificados en Inspector, en el cual sumaron 117.
De personas ruidosas se canalizaron 150 reportes, de Servicios Públicos 350, entre los que se encuentran fallas en alumbrado, 94; fuga de agua, 39; falta de agua, 33; fallas en transporte 20 y 28 reportes de baches.
Mientras que Comunidad sumó de maltrato animal, mascotas extraviadas y agresión animal sumaron 56, en tanto que de Vialidad 124 fueron por tráfico automovilístico, 32 por vehículos mal estacionados y 17 por banqueta dañada.
En el CIC también canalizamos reportes de seguridad, como servicios de emergencias, avisos de incendio y situaciones de riesgo. Si tiene reportes háganoslos llegar a la cuenta de Twitter @CICSal y a nuestro Whastaap 844 50 60 242; nosotros lo canalizaremos a las autoridades correspondientes.
En el Centro de Integración Ciudadana (CIC) de Saltillo promovemos la participación ciudadana y trabajamos en tener una mejor ciudad, por dicho motivo cada mes presentamos los reportes canalizados a las autoridades municipales. Recuerde que Juntos Somos parte de la Solución.
Las autoridades afirman que la inversión física presupuestada para 2021 tiene como objetivo restablecer la economía en el corto y mediano plazo, la cual ha sufrido los estragos financieros de la epidemia por Covid-19. Pero se ve difícil, y en este artículo explico por qué, en los siguientes cinco puntos.
A casi un año de que se aprobó la Política Nacional Anticorrupción (PNA), cuyo objetivo es que entidades federativas elaboren sus Políticas Estatales para tener claridad sobre las acciones y estrategias que se desarrollan en el ámbito local para prevenir y sancionar la corrupción, solo 13 estados la trabajan en el proyecto, informó Fuerza Ciudadana Anticorrupción.
También dio a conocer que mientras que 17 están en proceso de elaboración o recibiendo retroalimentación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y dos no han iniciado el proceso de elaboración.
Asimismo, se exhortó a las Secretarías Ejecutivas, a los Comités de Participación Ciudadana y Social, así como a los Comités Coordinadores de los Sistemas Locales Anticorrupción que no han iniciado con la elaboración de su PEA o que se encuentran en su desarrollo, a observar estas buenas prácticas y acelerar el proceso para no retrasar más las acciones en materia de combate a la corrupción.
Y se puso como ejemplo que de aquellas PEA que ya han sido aprobadas, existen buenas prácticas que deberían replicarse, entre otras, la creación de un diagnóstico sobre las causas y consecuencias de la corrupción a nivel local; incorporar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de la PEA alinearla a la Agenda 2030.
La Fuerza Ciudadana Anticorrupción es una red de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) comprometidas con el combate de la corrupción a nivel local, entre las que se encuentra el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila.
FUERZA CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN:
Avance y Desarrollo por la Igualdad (Sonora)
Consejo Cívico de Instituciones La Laguna (Coahuila)
Ciudadan@s por la Transparencia (Quintana Roo).
Comité Ciudadano del Estado de Colima (¿Cómo Vamos? Colima).
Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León.
EGES para el Desarrollo (Tabasco).
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (CDMX)
Solidaria Mexico (Durango)
Kintiltik (Chiapas)
Ligalab (Chiapas)
Locallis (Querétaro)
Mexiro (CDMX)
Observatorio del SEA Jalisco (Jalisco)
Observatorio Regional Zamora (Michoacán)
Red Agenda 2030 MX (Hidalgo)
Colectiva no se metan con nuestras hijas (Sinaloa)
Después de que el pasado 25 de marzo Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en conjunto con el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila y más de 30 organizaciones civiles y cámaras empresariales lanzaron el portal www.candidatotransparentecoahuila.org.mx, se dio a conocer cuántos candidatos compartieron su información de cara a las próximas elecciones.
El portal fue lanzado con el objetivo de que los candidatos den a conocer su información personal y financiera para que los ciudadanos emitan un voto inteligente y razonado en las elecciones del próximo 6 de julio.
Gabriela de León Farías, informó que a 14 días del inicio de campañas se cuenta con la información de 101 candidaturas de las 247 registradas en la plataforma, por lo que exhortó a los ciudadanos, así como a las organizaciones civiles a no bajar la guardia y continuar con la difusión de dicha plataforma.
Asimismo, llamó a ser exigentes con los y las candidatas que aún no registran su información, como “Declaración 3 de 3”, (Patrimonial, Fiscal y Conflicto de Intereses), contra la Violencia de Género o que no han sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, entre otras.
Finalmente, De León Farías agradeció a todos aquellos y aquellas quienes se sumaron al apoyo del IEC para la difusión de la Plataforma de Candidatura Transparente que tiene por objetivo el compromiso con la democracia.
Por lo anterior, les solicitamos no bajar la guardia y continuar con la difusión de dicha plataforma, además de ser exigentes con las candidaturas que aún no registran información, con el objetivo de que los ciudadanos coahuilenses emitan un voto razonado.
Desde el Consejo Cívico, exhortamos a la ciudadanía a que con su participación, exija a los candidatos a compartir su información, para que cumplan con la transparencia, debido a que esta es fundamental para gobernar.
El pasado miércoles, el doctor Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Sistema de Administración Tributaria, expuso el tema “Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Durante el Proceso Electoral”, en la que habló de la corrupción, los recursos ilícitos y financiamiento en las campañas electorales.
En el evento en el que estuvieron presentes representantes del Instituto Electoral de Coahuila y del Instituto Nacional Electoral, así como del Consejo Cívico, ingeniero Juan Carlos López Villarreal, Presidente del Consejo Cívico de Instituciones, de Coahuila (CCIC), se encargó de darle la bienvenida a Nieto Castillo a todos los que participaron en la charla.
López Villarreal, informó que de la mano de otros organismos han exigido programas y trabajado en combate a la corrupción para fortalecer esta lucha y trabajado en los procesos electorales. Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana para que realice el voto razonado.
El doctor inició la conferencia vía Zoom agradeciendo la invitación y compartió que el tema de la corrupción inicia con el proceso electoral, porque empresarios introducen dinero ilícito para después obtener beneficios.
Mencionó que el peculado, el desvío de fondos y financiamiento ilícito, por eso es necesario implementar políticas estratégicas a través del INE, Fiscalía e institutos electorales locales, para generar un modelo que proteja los procesos electorales.
La UIF, dijo, tiene como objetivo generar una evaluación nacional de riesgos que en 2019 reveló que en 2019, el lavado de dinero fue un foco rojo que genera desigualdad social e la medida que la riqueza se genera en determinadas personas y grupo políticos.
Definió la corrupción como discrecionalidad, más monopolio, menos rendición de cuentas que al final generan una democracia débil, a causa de fiscalías y gobiernos débiles donde la élite política está poco comprometida con el Estado de Derecho.
Por eso exhortó a que la sociedad civil sea activa y menos complaciente, por eso, aseguró debe ser comprometida con el combate a la corrupción y ante tal situación, informó que en dos años México ha bajado en corrupción pero falta mucho por hacer.
Reveló que en las elecciones hay que evitar que no haya violencia política contra las mujeres, violencia social, tolerancia y respeto, que no hay financiamiento ilícito, y lo fundamental es generar políticas públicas para evitarlo.
Mencionó como financiamiento ilícito en campañas electorales los casos de Los Amigos de Fox, el Pemexgate y que estos se dan también en diversas campañas electorales donde también intervienen las criptomonedas, el cual se traslada en una memoria usb y luego lo convierten en dinero efectivo.
“La Estafa Maestra”, dijo, es otro ejemplo porque se depositaba dinero en las universidades y luego se retiraba para campañas, así como las donaciones, las tarjetas prepagadas, casas de fachada, que son otra forma de financiamiento político ilícito.
Al final de la charla, el doctor agradeció la invitación a la contadora Alejandra Wade Vilanueva, directora del Consejo Cívico y a los consejeros porque tienen el objetivo de que las OSC’s, cámaras empresariales para que los vean como aliados.
El ingeniero López Villarreal le informó a Nieto Castillo que cuenta con el Consejo Cívico para fomentar el estado de derecho y preguntó cómo adyuvar en los procesos de corrupción a lo que el doctor dijo que una forma es fomentar la denuncia y que los medios de comunicación revelan la corrupción para generar molestias en la clase política que está acostumbrada a la corrupción.
El combate a la corrupción siempre ha sido uno de los ejes importantes del Consejo Cívico desde hace cinco años ya que ha liderado y emprendido diversas actividades para reforzar los refuerzos locales y nacionales para disminuir la corrupción.
El Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León es el encargado de replicar la experiencia de los talleres CreActívte en el estado de Nuevo León, generando de esta manera nuevas historias de aprendizaje, emprendimiento y éxito.
Tras el convenio firmado en el mes de abril, la capacitación de 20 talleristas en mayo, el Módulo I: Modelo de Negocios para Productos, esta por finalizar.
Debido a la contingencia por COVID-19 y utilizando herramientas tecnológicas, se formaron 5 grupos de capacitación, actualmente participan 200 usuarias registradas, para este primer módulo participan 7 facilitadores brindando la atención personalizada virtual entre los 5 grupos de capacitación. Los municpios participantes son: Cienega de Flores, Escobedo, García, Guadalupe, Linares, Monterrey, Sabinas, Hidalgo, San Nicolas, San Pedro y Santiago.
El cierre del primer módulo, que se incio el 8 de septiembre, esta programado para el día 28 de noviembre, se estima una gradución de 120 participantes.
Esta implementación es significativa ya que es un paso a garantizar a CreActívate como un proyecto sustentable, escalable y adaptable.
Publicado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad
Las piezas del ecosistema anticorrupción y sus recursos
La corrupción, delito que antepone el interés económico particular al público, actúa como mecanismo de exclusión al mermar los presupuestos públicos. Un elemento de la construcción de capacidades para combatirla son los recursos públicos asignados a las instituciones anticorrupción para que articulen estrategias pertinentes. Con este objetivo, a continuación se revisan los recursos anticorrupción en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF 2021), a la par de una iniciativa de coyuntura denominada Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) que busca encauzar recursos a las principales estrategias anticorrupción.
Detrás del combate a la corrupción y la desarticulación de sus redes subyacen procesos de la mayor complejidad, que delinean un ciclo de política anticorrupción. Éste inicia con la prevención de actos de corrupción; posteriormente se desarrollan políticas enfocadas en la detección de irregularidades y continúa con un proceso simultáneo de investigación-sanción. Después, por un lado, se procede a la sanción administrativa de falta grave y, por otro lado, a un procedimiento de sanción resarcitorio y penal. El ciclo culmina con la recuperación de activos, la reparación del daño, la desarticulación de redes de corrupción y la protección política como medida efectiva de la garantía de no repetición.
Estas funciones, en los ecosistemas anticorrupción democráticos, con pesos y contrapesos, nunca recaen en una misma institución. El ciclo anticorrupción reúne simultáneamente procesos administrativos, ministeriales y judiciales. Además de enfrentar la resistencia de las redes de corrupción y protección política con la interposición de recursos de reconsideración, juicios contenciosos administrativos y juicios de amparo que retrasan y comprometen la impartición de justicia, presentan otras complejidades como la suficiencia, eficiencia y eficacia de las acciones de coordinación y, , al tratarse de procesos de largo alcance, su sostenibilidad en el tiempo.
En 2015, con la finalidad de establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA está conformado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Estas siete instituciones figuran en el PPEF 2021 como unidades responsables en la ejecución de recursos para el cumplimiento de su mandato y funciones.
Una primera aproximación al examen de los recursos destinados al combate a la corrupción pasa por integrar una bolsa que sume asignaciones presupuestales de los siete actores del SNA. Entre 2018 y 2021 (considerando el proyecto de PEF), el presupuesto de las siete instituciones del SNA ha oscilado entre 67.3 y 71.9 mil mdp en términos reales (base 2021). Entre 2020 y 2021 éste aumentaría 4.5% al pasar de 68.9 a 71.9 mil mdp en el PPEF 2021, con la siguiente distribución:
Gráfica 1. Distribución PPEF 2021 anticorrupción por institución del SNA.
Total: $71,939.7 mdp
La aproximación mediante la suma de los siete presupuestos institucionales es problemática porque el CJF aporta el 89%, lo que hace muy sensible el análisis al incremento anual del PEF anticorrupción a las asignaciones de esta institución, cuyas atribuciones trascienden la impartición de justicia por delitos de corrupción. A manera de ejemplo, el incremento referido de 4.5% entre 2020 y 2021 se debe principalmente al aumento de 3.4 mil mdp que recibiría el CJF (5.6%), lo que dificulta apreciar disminuciones (SESNA, SFP, ASF), o sobrevalorar aumentos sobre niveles bajos de recursos para esta materia (INAI y FECC). En pocas palabras, este primer enfoque sobreestima los recursos a esfuerzos anticorrupción porque integra presupuestos destinados a otros fines.
El Anexo Transversal Anticorrupción (ATA)
El registro, medición y seguimiento de los recursos destinados al combate a la corrupción necesita evolucionar. Para ello debe partirse de un par de premisas: no todo el presupuesto de las siete instituciones del SNA se destina a acciones al combate a la corrupción (como el caso del CJF), y no todos los recursos que buscan hacer frente a la corrupción se ejercen a través de las instituciones del SNA.
Bajo estas premisas, y con relación al artículo Décimo Noveno del PEF 2020, la SESNA lidera un valioso esfuerzo para la integración del ATA con el objetivo de identificar con precisión los recursos que se destinan desde los tres poderes y organismos constitucionales autónomos al combate a la corrupción y a la impunidad. A continuación, se esquematiza la metodología propuesta por la SESNA:
Figura 1. Componentes de la metodología para la integración del ATA, PPEF 2021.
Fuente: elaboración propia con base en la Metodología para la Integración del Anexo Transversal Anticorrupción.
El primer resultado del análisis aplicando la metodología del ATA es que la suma de los presupuestos institucionales no es el monto que el Estado asigna al combate a la corrupción. Con el ATA 2021 los esfuerzos presupuestales sólo integrarán una bolsa de recursos del orden de 3.3 mil mdp, lo que equivale al 4.6% de la bolsa de recursos del presupuesto total de las siete instituciones del SNA (71.9 mil mdp), con la siguiente distribución:
Gráfica 2. Distribución del ATA 2021 por unidad responsable.
Total: $3,315.8 mdp
Un segundo hallazgo es que el ATA 2021 no integra recursos de la ASF, a pesar de que el PPEF 2021 considera un presupuesto de 2.4 mil mdp para este organismo fiscalizador. Esto es contrario a la metodología propuesta por la SESNA, cuyas bases establecen que las siete instituciones del SNA determinarían la cantidad de recursos que destinarán de su presupuesto a las prioridades establecidas y acordadas por las mismas instituciones en su conjunto –lo que incluye a la propia ASF– para impulsar a la Política Nacional Anticorrupción (PNA), documento aprobado por estos actores. La negativa de la ASF no debería pasarse por alto y debe ser corregida por la Cámara de Diputados, con los exhortos y rutas de trabajo que lleve a cabo la Comisión de Vigilancia de la ASF.
El componente número dos de la metodología para integrar el ATA señala que, una vez mapeados los recursos de las instituciones del SNA, también se considerarán los de instituciones externas. De esta forma, la SHCP reporta recursos concurrentes a los esfuerzos anticorrupción del SNA que ascienden a 334.8 mdp (10.1% del ATA), a través de cuatro de sus unidades responsables: Unidad de Inteligencia Financiera, Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria. Complementariamente, la SHCP podría incorporar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), dependencia también involucrada en aspectos de extinción de dominio.
Ante los recursos informados por la SHCP (externa al SNA), es indispensable el llamamiento de los legisladores para que la ASF subsane la omisión. El problema que se pretende solucionar es la focalización de recursos para el combate a la corrupción e impunidad. Por ello, y aunque los recursos del ATA sólo representen 4.6% de la bolsa integrada por los presupuestos de las siete dependencias del SNA, este primer ejercicio debe ser exhaustivo. El liderazgo anticorrupción del que hace gala la ASF debe demostrarse en hechos concretos.
Las asignaciones presupuestales focalizadas con el ATA 2021 son limitadas. El fortalecimiento del presupuesto anticorrupción debe partir de un sólido punto común, por lo que es necesario extender el llamado a otras instituciones no integradas al SNA, como la Fiscalía General de la República (FGR). Si bien la FGR reporta recursos de la FECC, la propia Fiscalía ubica a los delitos de corrupción dentro del eje delictivo de “alta gravedad”; es decir que, dado el alto grado de complejidad investigativa que suponen y la necesidad de involucramiento por parte de otras instituciones, requieren una gran cantidad de recursos humanos materiales y financieros. Por ello, es necesario que la FGR reporte recursos, en la proporción que determine, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) y/o de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA), que coordina lo relativo a la extinción de dominio.
Con la información disponible, el panorama de focalización de recursos es el siguiente:
Gráfica 3. Presupuesto ATA como porcentaje del presupuesto total por institución
Los porcentajes y niveles de la Gráfica 4 permiten caracterizar diversas situaciones. Para la SESNA y la FECC, a pesar de destinar la totalidad de sus recursos a prioridades anticorrupción, los niveles son bajos comparados con el resto de las instituciones. Los organismos con mayores capacidades presupuestales, como el INAI, SHCP, TFJA y CJF, contarían con presupuestos relevantes, pero con participación limitada; finalmente, la SFP, con un presupuesto en principio considerable, destinaría cerca del 80% a acciones anticorrupción. Los desequilibrios, entonces, son notorios. El combate a la corrupción, que idealmente balancearía los recursos para generar capacidades transversales y potenciar los alcances de las asignaciones presupuestales, debe ser un trabajo coordinado. Ahí radica la esencia del SNA.
Aun sin conocer si la ASF participará en el ATA y en qué proporción se comprometerá a las acciones anticorrupción de la PNA (que se esperarían similares a los de la SFP), es pertinente cuestionar si los 67.3 mdp que comprometería el TFJA (2.3% de su presupuesto total) son suficientes y si corresponden con la exigencia de llevar a cabo los procedimientos de sanción de responsabilidades administrativas graves que le sean notificados por la SFP y la ASF. Cabe precisar que 92% de los 67.3 mdp están asociados a recursos que se ejercerían desde la sede del TFJA en la Ciudad de México y que ninguna de las 39 salas regionales o especializadas cuenta con recursos con fines anticorrupción.
El INAI, por su parte, que sólo destinaría el 5% de su presupuesto (45.7 mdp de 918.7 mdp) a las prioridades anticorrupción de la PNA, ejercería los recursos principalmente a través de su presidencia y no de sus áreas operativas. Con relación a la FECC se observa que cerca del 27% de su presupuesto (26.8 de 123.5 mdp) lo destinaría a viáticos, por lo que sería pertinente cuestionar si esta unidad, previo a erogar recursos en esta partida, cuenta con los recursos humanos (ministerios públicos) para realizar sus funciones. Dentro del ATA, la FECC es la institución que más destina al gasto de servicios generales: 48.6%, mientras que las demás oscilan entre 3.5% (SFP) y 33.4% (SESNA).
En cuanto a la SFP, el ATA permite concluir que los esfuerzos anticorrupción desde la SFP se centrarán en el trabajo de los órganos internos de control (OIC), al destinarles el 48.9% (678.8 mdp) de sus recursos. Adicionalmente, 31.5% (437.5 mdp) de estos se ejercerán desde el sector central de la SFP y será ejecutado por 13 unidades distintas. Finalmente, 16.9% (272.7 mdp) de los recursos del PPEF 2021 no están integrados al ATA y serán ejercidos por áreas de apoyo administrativo de la SFP (sin atribuciones directas al combate a la corrupción).
Con esta información de la SFP es claro que los OIC son el eje rector de los esfuerzos anticorrupción del Ejecutivo, al fungir como brazos ejecutores de su política en la materia al estar presentes en dependencias centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y coordinadas. Este hecho llama a poner al centro de la discusión su desempeño, en concordancia con las atribuciones establecidas en el nuevo Reglamento Interior de la SFP (publicado el 16 de abril de 2020 en el DOF) para: practicar auditorías; aplicar medidas correctivas o recomendaciones; evaluar riesgos institucionales; mejorar la gestión pública; conocer, investigar, integrar expedientes, substanciar y dar vista al TFJA en los relativo a las denuncias faltas administrativas (graves) o infracciones a las contrataciones públicas (de personas físicas o morales); dar seguimiento a la evolución y verificación de la situación patrimonial; formular denuncias ante el Ministerio Público, e imponer medios de apremio y medidas cautelares. Hasta ahora no tenemos información que dé cuenta del desempeño de los OIC en estos rubros.
La naturaleza del presupuesto anticorrupción
El componente número tres de la metodología de la SESNA define al ATA como una bolsa de recursos asociada a variables presupuestales. Por tanto, además de conocer a la unidad que ejerce el recurso, cuenta con la información del capítulo de gasto, concepto y partida específica. Puede, entonces, precisar qué conceptos de gasto cubren los recursos anticorrupción.
Con el análisis de las variables presupuestales se identifica que el 99% del presupuesto ATA está etiquetado a servicios personales (2,743.9 mdp destinados a salarios, compensaciones garantizadas y aportaciones a seguridad social), y servicios generales (540.5 mdp para viáticos, arrendamientos, servicios de mantenimiento y telecomunicaciones).
Un hallazgo útil para cuestionar la calidad del ejercicio de identificación del presupuesto anticorrupción es que cerca del 50% del presupuesto global del ATA del capítulo 3000 (270 mdp) se destinaría a “Servicios de Vigilancia” (concentrado principalmente en el CJF), una partida que, en principio, tiene limitada relación con funciones anticorrupción y que prácticamente totaliza el presupuesto 2021 de la FECC y la SESNA. Identificar estas inconsistencias es uno de los resultados positivos del ATA.
Además de que 99 de cada 100 pesos etiquetados para el combate a la corrupción estarán destinados a salarios y servicios de operación, en el ATA no se identifican recursos para el fortalecimiento de inteligencia administrativa —infraestructura y sistemas informáticos—. Esta situación confirma que los avances anticorrupción en el ejercicio 2021 dependerán de lo que hagan o dejen de hacer los servidores públicos adscritos a las instituciones del ecosistema.
Las funciones y atribuciones están dadas, pero la administración, coordinación, profesionalización y gestión de estos recursos humanos son los retos específicos que enfrentan las instituciones anticorrupción. Ante ello, la focalización responsable-recurso-partida debería establecer parámetros de desempeño y determinar metas e indicadores para los servidores públicos, en vista de ser el recurso esencial en el combate a la corrupción.
Vincular acciones anticorrupción y recursos presupuestales
Respecto del componente número cuatro, el ATA permite vincular la PNA en cada una de sus 40 prioridades con los recursos presupuestales que las dependencias destinarán en 2021, de acuerdo con sus funciones y prioridades. Esta distribución se observa en la siguiente gráfica:
Gráfica 5. Distribución por eje y prioridad de la PNA de los recursos del ATA
Los resultados del análisis de este componente permiten concluir que cinco prioridades de la PNA concentran el 85% de los recursos del ATA. Cerca de 2.8 mil mdp del total de 3.3 mil mdp se destinarán a la coordinación genérica entre autoridades para la detección, investigación, sustanciación y sanción de actos de corrupción en materia de faltas administrativas (Prioridad 1); a la inteligencia fiscal y financiera (Prioridad 2); al desarrollo de capacidades y mejora del desempeño de las instituciones anticorrupción del SNA (Prioridad 8); a generar evidencia e insumos técnicos para la evaluación del servicio profesional de carrera (Prioridad 14), y al intercambio de información para potenciar la fiscalización que se ejerce desde el control interno a cargo de la SFP (Prioridad 19).
Por otro lado, 31 prioridades contarían sólo con el 15% de los recursos del ATA (500 mdp). Estas magras asignaciones presupuestales afectarían las siguientes prioridades: implementación de sistemas estandarizados e interoperables (Prioridad 3); mejoramiento y homologación de los mecanismos de denuncia y protección de denunciantes (Prioridad 5); definición de una política criminal de delitos de corrupción (Prioridad 6); fortalecimiento de las capacidades de investigación de las fiscalías (Prioridad 7); impulso al gobierno abierto y la transparencia (Prioridades 4 y 10); prevención del conflicto de interés (Prioridad 11); análisis de datos masivos e inteligencia artificial en riesgos de corrupción, auditoría y fiscalización estratégica (Prioridad 19), y procesos homologados de gestión documental (Prioridad 18).
De manera particular en el Eje 3 y Eje 4, la falta de vinculación entre recursos y prioridades es crítica; sólo 4.2% del presupuesto del ATA estaría asociado a estos objetivos. Lo que comprometería la realización de las siguientes prioridades: colaboración con cámaras empresariales y organismos internacionales (Prioridad 26); fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno-sociedad en trámites, servicios, seguridad, programas sociales, servicios educativos y de salud (Prioridad 31); simplificación de procesos y homologación de trámites y servicios públicos (Prioridad 33), y creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización (Prioridad 40).
Finalmente, cuatro prioridades carecen de recursos para su ejecución. Lo que implica que, en 2021, ninguna de las dependencias mapeadas en el ATA destinará recursos para la armonización contable (Prioridad 17); la cultura de la integridad (Prioridad 25); los principios normativos en materia de cabildeo y conflicto de interés (Prioridad 39), y el sistema único (nacional y homologado) de información sobre compras y adquisiciones públicas y padrón nacional de proveedores de gobierno (Prioridad 39).
El futuro del Anexo Transversal Anticorrupción
Para corroborar su utilidad, es necesario señalar que, entre 2017 (monto ejercido) y 2020 (modificado al segundo trimestre), ocho de los 10 anexos transversales (Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios; Desarrollo de los Jóvenes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático; Prevención del Delito, Combate a las Adicciones y Rescate de Espacios Públicos; Desarrollo Rural Sustentable, Ciencia, Tecnología e Innovación y Atención de Niñas, Niños y Adolescentes) considerados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) presentan una disminución real de entre 16% y 57%.
Este hecho revela que, si bien la LFPRH fija su existencia e integración anual como elemento que debe entregar la SHCP como parte del PPEF, la propia ley no establece un mecanismo para detectar necesidades presupuestales dentro de ellos y aún menos para corregirlas. Además, los anexos transversales son una instantánea del momento, con nula posibilidad de asegurar importes crecientes en el fortalecimiento de los programas presupuestarios que respaldan a cada uno. Son fiel reflejo de las inercias y vaivenes de las prioridades gubernamentales. Es verdad que no puede anticiparse la evolución del ATA pero, aplicando los porcentajes de integración al ATA (Gráfica 3) al presupuesto anticorrupción desde el año 2016 a 2020, se obtiene:
Gráfica 6. Estimación de la evolución del presupuesto anticorrupción (millones de pesos constantes de 2021) con base en el resultado de la metodología ATA para el PPEF 2021.
Con esta gráfica se detecta una disminución global de 20.1% en términos reales. Uno de cada tres pesos que perdió el combate a la corrupción se dio en el sexenio de Peña Nieto; dos de cada tres pesos se explican por ajustes a la baja durante la administración de López Obrador. A diferencia de lo que se observa con la ASF (Poder Legislativo), el CJF (Poder Judicial) y los constitucionales autónomos y equiparables (FECC, INAI y TFJA) que entre 2016 y 2021 han visto fortalecido marginalmente su presupuesto, los recursos del Ejecutivo Federal (SFP y SHCP) en sus instancias anticorrupción se han visto más afectados, con una disminución de 52.9%.
Reflexión final
En lo que concierne al proceso de aprobación, el pasado 10 de noviembre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) presentó el dictamen del PEF 2021 a la Cámara de Diputados, mismo que será aprobado en días próximos. En los últimos ejercicios parlamentarios relacionados con el paquete económico (extinción de fideicomisos, Ley del IVA, Ley del ISR y Ley Federal de Derechos), la mayoría legislativa de Morena ha avalado sin cambios los dictámenes que presentan las comisiones en turno. Por ello, preocupa que el dictamen aprobado por la CPCP (Anexo 31) confirme los datos utilizados en el presente análisis y, por tanto, reitere las deficiencias y áreas de oportunidad. Aunque se carece de elementos para ser optimistas, sería positivo que el Pleno de la Cámara corrigiera las deficiencias aquí señaladas.
El discurso anticorrupción contrasta con las prioridades presupuestales. El ATA focaliza los recursos anticorrupción, pero exhibe un grave y sistemático problema de subinversión pública. De la bolsa de 71.9 mil mdp del presupuesto de las siete instituciones del SNA, sólo 4.6% (3.3 mil mdp) se integran al ATA. La persistencia de estas condiciones se reflejará cada año en costos crecientes de la corrupción y en una impunidad sin capacidad de control.
La metodología del ATA es clara y logra su propósito, identifica a nivel de responsable y partida los recursos anticorrupción. Para este primer ejercicio, es indispensable que la SHCP y la Cámara de Diputados incorporen los recursos de la ASF y de las áreas de la FGR que complementan la investigación criminal de delitos de corrupción (UEIDFF y UISPPA).
El ATA es útil para mapear los eslabones más endebles del ecosistema anticorrupción: el TFJA —sanción administrativa de faltas graves—, y la FECC —investigación de delitos y, en el corto plazo, debería permitir fortalecer y equilibrar el presupuesto para la sanción de la corrupción—. Subsanar este desequilibrio, implica al mismo tiempo, por el ciclo de política anticorrupción, cuidar las asignaciones de la SFP y de la ASF.
Un aspecto crucial en el análisis es el peso prácticamente total del capital humano en el combate a la corrupción. Esta situación debe vincularse con el hecho de que 65% del ATA 2021 (Prioridades 1, 2 y 19) está asociado a prioridades de la PNA que implican la “coordinación institucional” de las dependencias del SNA. Al darse esta vinculación entre servidores públicos, es preciso enfocar el análisis hacia los problemas que se presentaron en la integración de la PNA: la falta de acciones y compromisos concretos. Por ello, continúa vigente el cuestionamiento a las instituciones del SNA sobre las deficiencias en la definición de la PNA y su nula implementación. Estos esfuerzos permanecerán como acciones sin ruta crítica, realizables sin un plazo definido (corto mediano y largo plazo) y/o sin anclaje en programas institucionales.
Adicionalmente, el análisis del ATA identifica áreas importantes de subinversión que, por tratarse de acciones específicas y realizables al interior de cada institución del SNA, tendrían un impacto inmediato. Entre ellas: recursos para un sistema de protección a denunciantes, mejora y homologación de mecanismos de denuncia, establecimiento de una política criminal de delitos de corrupción, prevención de conflictos de interés, sistemas/estándares unificados (homologados y nacionales) en contrataciones públicas, sistemas de información (estandarizados/ homologados), y el análisis de Big Data.
El ATA 2021 es una iniciativa valiosa. Aun antes de ser aprobado, ya nos permite avanzar en el análisis del presupuesto anticorrupción. La evolución estimada desde 2016 estaría reflejando una subinversión sistemática que acumula una disminución superior al 20%. Para que el ATA 2022 y subsecuentes mejoren, deberán ajustarse las prioridades institucionales de las siete sillas del SNA y alinear sus intereses para superar la dinámica de indolencia. El problema no está en el ATA como metodología, sino en que las interacciones dentro del SNA son procesos largos, extenuantes y poco enriquecedores, que hasta el momento han sido contrarios a la urgencia pública de controlar la corrupción y la impunidad. El problema es la PNA, pero no como causa, sino como resultado del sistema.
Actualmente están abiertos tres caminos en el marco de la LGSNA con potencial de modificar la dinámica del Sistema: 1) implementación efectiva de la Plataforma Digital Nacional (capacidad de integrar conjuntos de datos) para generar inteligencia anticorrupción; 2) definir indicadores de resultado y no de proceso en el combate a la corrupción: recuperación de activos y desarticulación de redes de corrupción, y 3) establecer un modelo de evaluación de la PNA enfocado, además del cumplimiento de sus 40 prioridades, al desempeño de las siete sillas del SNA. Todas estas acciones deben acompañarse de mayores asignaciones presupuestales —para ello será útil dar viabilidad y relevancia al ATA.
Los márgenes de actuación para fortalecer el SNA son cada vez más estrechos y ciertamente necesita de intervenciones extraordinarias para encauzarlo a su objetivo. Falta someter a sus actores a la exigencia de la rendición de cuentas. Es necesario establecer con la mayor claridad posible los niveles de responsabilidad en los logros o tareas pendientes del Sistema en su conjunto y señalar (con nombre y apellido) al servidor público que alcanzó o no resultados en el combate a la corrupción. Hoy en día el presupuesto para el combate a la corrupción es eso: servidores públicos con responsabilidades y atribuciones para atender problemas públicos. Las asignaciones presupuestales que se contemplan no respaldan los dichos elocuentes de los diferentes actores políticos sobre la importancia que dicen dar a atender este problema en el país. Del dicho a la asignación de recursos suficientes hay un mar de distancia, del que el anexo anticorrupción da cuenta.
Marco Antonio Fernández es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey donde dirige la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa.
Roberto de la Rosa es investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa
Los autores agradecen las observaciones de Pablo García y Rosa María Giorgana. Los argumentos son responsabilidad exclusiva de los autores.
