Esperanza y evidencia

Juan E. Pardinas | @JEPardinas

A la memoria de Don Lorenzo Servitje.

Hace un año, el 2 de febrero de 2016, un grupo plural de organizaciones sociales, universidades y ciudadanos lanzamos la campaña de recolección de firmas conocida como Ley 3 de 3. Esta suma de voluntades buscaba conseguir 120 mil firmas para convertir una propuesta de Ley General de Responsabilidades en una iniciativa ciudadana que se presentara ante el Congreso. Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta era la obligación de que los funcionarios con alto nivel de responsabilidad y las personas que ocupan un cargo de elección popular hicieran públicas sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses. Gracias al trabajo de muchísimas personas y la convicción de que México sí puede cambiar, se consiguieron más de 630 mil firmas. La lucha contra la corrupción no era prioridad de los partidos políticos, ni estaba en la agenda del presidente Peña Nieto. Sin embargo, la presión ciudadana puso el tema en el corazón del debate nacional.

No hay nada más difícil que cambiar un hábito colectivo y la corrupción es no sólo un hábito, sino una forma de hacer política y de ejercer el poder en México. Si vemos la lista de los criminales más buscados por la PGR no son fotos de crueles secuestradores ni asesinos seriales, sino de ex gobernadores del PRI. Si vemos el mapa del territorio nacional podemos recorrer completa la República, desde Guatemala hasta Arizona, pasando por estados mexicanos donde el ex gobernador está amparado, prófugo o preso por delitos asociados al mal uso de fondos y cargos públicos. Imagina el siguiente recorrido por el mapa de México: empieza en Sonora donde el panista Guillermo Padrés usó el erario público como si fuera su chequera, al este está la Chihuahua devastada por César Duarte, después tenemos la Coahuila de Humberto Moreira y el Nuevo León de Rodrigo Medina; ya en las aguas del Golfo de México está la Tamaulipas del prófugo Tomás Yarrington y al sur el Veracruz de Fidel Herrera y Javier Duarte, que hace frontera con el Tabasco de Andrés Granier. Un poco más al sureste también se puede llegar al Quintana Roo de Roberto Borge.

Transformar esa Federación de cleptocracias en una democracia funcional es el reto más importante de nuestro tiempo. La solución no pasa por dar clases de civismo o una ingeniosa campaña de comunicación. Lo que se requiere es que las instituciones del Estado mexicano trabajen juntas para combatir la impunidad. Ese es precisamente el ambicioso objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Esta semana se anunciaron los nombres de los cinco integrantes del Comité Ciudadano que tendrá la enorme responsabilidad de encabezar el SNA: Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, José Octavio López Presa, Luis Pérez de Acha y Alfonso Hernández. Este grupo de mexicanas y mexicanos sin partido ni filiación política tendrán que acicatear a auditores, ministerios públicos, magistrados y otros funcionarios para enfrentar esta crisis nacional.

Hace un año, el movimiento por la Ley 3 de 3 ayudó a modificar leyes que estaban diseñadas para fomentar la impunidad. Con el nuevo marco jurídico, ahora a este Comité Ciudadano le toca la responsabilidad de mantener la presión ciudadana por cambiar nuestro actual estado de cosas.

En el año 2017, no hay nada más fuera de lugar que el optimismo. Como lo sostiene Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en estos tiempos andar de buen ánimo equivale a remar a contracorriente de la realidad. Sin embargo, al ver los perfiles de los cinco integrantes del Comité Ciudadano, hay esperanza basada en evidencia de que podemos tener una patria menos disfuncional. Los cientos de miles de personas que apoyamos la Ley 3 de 3 debemos ahora apoyar a este quinteto de ciudadanos que se han voluntariado para enfrentar al peor enemigo de México.

Publicado por Reforma y en IMCO

05-02-2017