POLICÍAS EN MÉXICO, SIN MECANISMOS PARA CUMPLIR SU LABOR

Causa en Común organizó el 6º Foro Nacional Sumemos Causas “Por la Seguridad, Ciudadanos Más Policías”, que se realizó el pasado 13 de noviembre en la Ciudad de México, a donde acudió en representación del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, la C.P. Alejandra Wade Villanueva, Directora de esta asociación civil.

En el foro se dio a conocer el Índice de Desarrollo Policial (Indepol), que verifica si las policías a nivel estatal y federal cuentan con los instrumentos normativos e institucionales para cumplir con los ejes básicos para el desarrollo policial.

Las conclusiones generales del Indepol revelaron que ninguna corporación policial del país cuenta con los mecanismos institucionales para cumplir plenamente los requisitos mínimos de ley, a la par que las corporaciones subsisten de manera precaria sin desarrollarse.

Durante su intervención, María Elena Morera Mitre, fundadora de Causa en Común A.C., compartió el siguiente discurso:

“Señor Presidente Enrique Peña Nieto, gracias por acudir a escucharnos por quinto año a nuestro Foro Nacional “Sumemos Causas por la Seguridad”.
Sea usted muy bienvenido.

Gobernadores; legisladores; miembros del presídium, gracias a todas y todos por acompañarnos.

Muchas gracias a Roberta Jacobson, Embajadora de Estados Unidos, por su presencia y, sobre todo, por su entusiasta apoyo.

Colegas de las organizaciones de la sociedad civil, miembros de los cuerpos de policía, representantes de los medios de comunicación. A todas y todos nuestros distinguidos invitados nuestro agradecimiento por su participación en este espacio de reflexión en torno a la inseguridad en nuestro país.
Decir que vivimos una crisis de inseguridad no es un juicio de valor; es la grave realidad que padecemos millones de mexicanos.

De acuerdo a la última encuesta de victimización, el año pasado hubo 24 millones de mexicanos -esto es, casi uno de cada tres adultos-, fueron víctimas de algún delito. Todos los crímenes de alto impacto van al alza. Como ejemplo, el robo con violencia, tuvo un incremento en el último año de 38%.

Mención aparte requieren los homicidios dolosos. Tenemos alrededor de 2,300 asesinatos al mes. Muchos de ellos jóvenes de origen humilde que poco cuentan para los políticos.

Si el Programa Nacional de Seguridad Pública para este sexenio tenía como meta alcanzar en 2018 una tasa de 12.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, como vamos, es muy probable que esta tasa quede por encima de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes al término de la administración.
Esta masacre es de proporciones bélicas

Los asesinatos, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, las extorsiones y los robos son parte de la vida diaria en nuestro país.

La violencia que vivimos no es temporal ni regional, es endémica y de alcance nacional. No se ha logrado contenerla y, mucho menos, revertirla.

Por eso resulta cada vez más intolerable que los responsables políticos de este desastre, tanto a nivel federal, como los gobernadores, sólo sumen pretextos, primero culpando a sus antecesores, luego culpándose entre ellos y últimamente culpando al Sistema de Justicia Penal que sus partidos aprobaron.

Nuestros sistemas de seguridad, de justicia y penitenciario, en el mejor de los casos, se encuentran estancados. Difícil que puedan empeorar, pero tampoco mejorar, por la falta de compromiso.

Si seguimos por este camino, lo que sí puede ser aún más grave … y mucho, es la inseguridad. ¿Cómo hacer frente a una violencia que se arraiga y extiende por todo el país?
¿Nos resignamos sólo a describir la madeja de fragilidades en que se ha convertido el Estado mexicano?

En Causa en Común estamos convencidos de que ni la resignación ni la inercia son una opción, como tampoco lo son las medidas diseñadas con fines electorales. Resulta particularmente lastimoso observar la perversión del poder Legislativo, convertido en ocasiones en un limbo de vanidades y pequeños intereses.

En esta historia, especial atención merecen nuestras policías porque éstas son, junto con la política social, el fundamento de cualquier estrategia de seguridad. Y, sin embargo, gobiernos y sociedad, no les hemos dado la prioridad que deben tener.

En suma, a lo largo de nuestra historia hemos tratado con indolencia e hipocresía a nuestras policías. Las olvidamos cuando hay que desarrollarlas y, cuando las recordamos, las repudiamos. Como lo muestra el Índice de Desarrollo Policial, el INDEPOL, que hoy presentamos, ninguna corporación en el país, ninguna, cumple con los mínimos que establece la ley en materia de desarrollo policial.

Con estas condiciones, ¿en verdad puede alguien sorprenderse de que nuestros policías no puedan prevenir ni enfrentar la oleada delictiva que se nos vino encima?

Si queremos que nuestras policías merezcan nuestro reconocimiento y si queremos exigirles cuentas, debemos ofrecerles primero condiciones de operación adecuadas y un nivel de vida digno. Si queremos que nos cuiden, empecemos por cuidarlas.

Por eso, junto con decenas de organizaciones ciudadanas, proponemos comenzar a escribir una historia diferente. Es indispensable poner en marcha un gran proyecto nacional de desarrollo policial. En este sentido, hoy también presentamos diez propuestas para que el país avance por una nueva ruta. Destaco y resumo cinco de ellas:

Uno. El Consejo Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no pueden seguir financiando el subdesarrollo y, en algunos casos, el colapso de nuestras policías y procuradurías.

Por ello, proponemos adecuaciones a la ley que transformen al Secretariado Ejecutivo en un eficaz coordinador y supervisor técnico del desarrollo policial y ministerial, que emita certificaciones institucionales a las corporaciones que cumplan con los objetivos, y disponga también las sanciones presupuestales y administrativas por incumplimientos.

Dos. Proponemos una estrategia calendarizada, que defina objetivos, responsables, con suficiencia presupuestal, abierta al escrutinio público y en la que participe un Comité Ciudadano de Supervisión Técnica.

Tres. Proponemos retomar el crecimiento y desarrollo de la Policía Federal, lo que permitiría despresurizar la carga operativa que sigue acumulándose sobre las Fuerzas Armadas.

Cuatro. Necesitamos incorporar a las políticas de seguridad una política social enfocada a la prevención; una mucho más amplia y profunda que las que hemos tenido.

Y Cinco. Reformar al ministerio público, fortalecer al Sistema Judicial y atender el atroz abandono en que se encuentra el Sistema Penitenciario.

Este sexenio aún no ha acabado, como tampoco ha terminado el periodo para el que los diputados y senadores fueron electos. Ambos Poderes tienen una deuda y tiempo para saldarla… al menos en parte, antes de que concluyan su responsabilidad.

De igual forma, consideramos indispensable que los próximos candidatos a la Presidencia de la República, los partidos políticos y los gobernadores se comprometan a emprender las grandes reformas de nuestros sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia. En este sentido, creemos importante advertir que tenemos frente a nosotros señales preocupantes:

La primera de ellas es que continuemos absortos con las reformas sólo en su nivel legislativo. El fin último de las reformas es concretarlas en las instituciones y en la realidad. Para ello se necesita, además, talento, disciplina, presupuesto y tiempo. Si no lo asumimos así, estaremos condenados a continuar en ciclos sucesivos de reformas y contrarreformas.

Una segunda inquietud es que los enfrentamientos políticos continúen posponiendo las soluciones de fondo. No es política ni éticamente admisible que los gobiernos y los partidos políticos secuestren el tema como parte de sus juegos electorales.

Otra tendencia preocupante es la creciente privatización de la seguridad. En un extremo, se expresa en las comunidades desesperadas por la violencia que se organizan en “autodefensas”; en el otro, la seguridad se privatiza como privilegio que sólo pueden pagar unos cuantos.

Y también en el ámbito gubernamental existen policías auxiliares dirigidas a manera de franquicias, sin controles operativos ni presupuestales. Estas modalidades de protección, reales o encubridoras de otras intenciones, socavan el monopolio de la fuerza legítima que corresponde únicamente al Estado mexicano.

Sin duda, otra señal ominosa, por todos conocida, proviene de ciertos rincones del gobierno que, ante su impotencia frente el fenómeno criminal, dirigen su atención y recursos hacia activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, al parecer con la disposición de amedrentar.

Los que creemos en la democracia, en la razón y en la crítica, cerramos filas para defender el derecho de todos a exigir y a disentir.

Estos son algunos de los peligros asociados directa o indirectamente a los altísimos grados de inseguridad que padecemos. La violencia no viaja sola, y seguir aplazando las decisiones que todavía podemos tomar en un marco democrático de libertades, es jugar con fuego.

Señor Presidente;
Señoras y señores:

Vamos tarde para reconocer que la violencia que vivimos constituye una emergencia nacional. Está en riesgo la estabilidad del país.

Por otra parte, es cierto que, por mal que estemos, tampoco partimos de cero. Existen logros a nivel federal y también en lo local; existen esfuerzos loables y experiencias que pueden replicarse. En particular, destaco el trabajo realizado por la Coordinación Nacional Antisecuestro, así como los resultados obtenidos por la unidad respectiva de la PGR y en los últimos meses por las Unidades Antisecuestros de Chiapas, Michoacán y Morelos.
Pero los avances hay que cuidarlos. Para contar con policías, procuradurías, juzgados y cárceles diferentes, hay que valorarlas, apoyarlas, fiscalizarlas, controlarlas y elevarlos a proyectos de Estado.

Uno de estos proyectos del Estado mexicano, en el que Causa en Común ha insistido durante años, hoy tiene ya avances importantes; me refiero a la Clave Única de Identidad Ciudadana. Si se mantiene la voluntad política, pronto la Clave Única nos permitirá simplificar trámites, procesos y servicios; una mayor eficiencia en el gasto público, de manera destacada en los programas sociales; y será también un instrumento de enorme valor en beneficio de la seguridad ciudadana. Muchas gracias señor Presidente por su apoyo a esta iniciativa.

Estos son, a nuestro juicio, algunos de los retos, de los riesgos y de las oportunidades. Estamos obligados a ser optimistas.

Hay aspiraciones que nos pueden y nos deben unir. Contar con instituciones eficaces de seguridad, y de procuración e impartición de justicia, debe ser una de ellas.

Tenemos a nuestro favor una invaluable reserva de talento y de solidaridad. La vamos a necesitar para transformar las pérdidas y el dolor en una responsabilidad; una responsabilidad colectiva y constructiva. De todos y para todos.

Muchas gracias”.